El proyecto oficial de elevar los impuestos a diferentes productos electrónicos resulta inconstitucional, contradictorio y regresivo.
En momentos en que resulta imprescindible reducir la brecha tecnológica y la distancia en términos culturales y educativos en el país, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un muy cuestionable proyecto de ley para elevar el IVA y aplicar impuestos internos a diferentes productos electrónicos que se fabriquen fuera de la provincia de Tierra del Fuego.
De ser aprobada, la iniciativa generaría un aumento en el precio que deberían pagar los consumidores por teléfonos celulares, laptops, equipos de GPS, monitores de PC, televisores, videocámaras y cámaras digitales o equipos de aire acondicionado de hasta 6000 frigorías, entre otros productos.
El proyecto, además de estar reñido con principios consagrados por la Constitución nacional, resulta absolutamente contradictorio con los propósitos enunciados más de una vez por el gobierno nacional en el sentido de acercar a todos los argentinos a las nuevas tecnologías.
Al pretender calificar como "productos suntuarios" a los bienes mencionados, las autoridades nacionales no hacen más que contradecirse con decisiones adoptadas en los últimos años para favorecer, mediante subsidios o medidas de aliento crediticio, la compra de muchos de esos productos por el gran público. Cabe mencionarse el plan Mi PC, que abarcaba préstamos personales de bancos oficiales, e incluso las recientes medidas de aliento del consumo para enfrentar el peligro de recesión.
Del mismo modo, determinadas provincias, como San Luis, lanzaron planes con la intención de que la tecnología estuviera al alcance de todos, con financiamiento del Estado provincial sin intereses a la compra de computadoras, otorgando a los compradores un crédito fiscal transferible por el 50 por ciento del valor.
Hoy las tasas de crecimiento económico se relacionan directamente con el ritmo al que aumenta la productividad. La tecnología cobra, entonces, una importancia decisiva. Del mismo modo, el desarrollo económico sostenido y parejo requiere como condición la disminución de la brecha digital, que hoy diferencia en sus oportunidades a quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías en su vida diaria de aquellos que no acceden a ellas.
La iniciativa oficial incurre en flagrantes contradicciones cuando señala, en sus fundamentos, que "quienes más poseen" deben colaborar "en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético, de manera tal de incentivar el uso racional de la energía".
El contrasentido radica en que el aumento impositivo será totalmente regresivo, ya que obstaculizará a los sectores con menores recursos la compra de productos electrónicos, acrecentando la brecha tecnológica y dificultando el acceso a la información a la porción menos pudiente de la sociedad. Esta barrera también se extenderá a las escuelas, tanto públicas como privadas, y a las universidades.
Del mismo modo, es más que pobre el argumento oficial de que las limitaciones a la compra de esta clase de productos permitirán el ahorro de energía. Debería advertirse que la gran mayoría de los artefactos tecnológicos de última generación cuenta con dispositivos de ahorro energético, a diferencia de equipos con más antigüedad que difícilmente podrían renovarse en hogares, escuelas y pequeñas empresas de aprobarse la iniciativa en cuestión.
La irrazonabilidad de la norma propiciada por el Poder Ejecutivo surge con claridad, en tanto parte de principios falsos. Al mismo tiempo, resultaría violatoria del artículo 75, inciso 18, de la Constitución nacional, según el cual el Congreso debe "proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración".
Resulta más que llamativo que la iniciativa gubernamental pretenda beneficiar exclusivamente a la provincia de Tierra del Fuego, lo cual sería violatorio del principio constitucional de igualdad. Cabe preguntarse si esta decisión no puede interpretarse como una compensación del kirchnerismo tanto al acercamiento que hacia el grupo gobernante mostraron últimamente la mandataria fueguina como dos senadores nacionales por ese distrito, recientemente expulsados del ARI, que votaron en favor del adelantamiento de las elecciones nacionales.
Es de esperar que el proyecto en cuestión sea seriamente debatido en las comisiones de trabajo de las cámaras legislativas y que sus integrantes adviertan tanto sus profundas contradicciones como su inconveniencia para el conjunto de la población, que deberá pagar mucho más por productos que sólo quien niegue el progreso y la educación puede calificar como suntuarios.
Nota de La Nación, publicada el 21 de mayo de 2009.
